¿La justicia no se consulta? Díganselo a Marisela Escobedo

Hay quienes dicen que la justicia no se consulta, que se aplica. Con ello pretenden señalar que la consulta para enjuiciar a expresidentes “es puro circo”, sin entender lo que este inédito ejercicio de democracia participativa significa para la infinidad de víctimas del terror de Estado que hay en México.

Sí: son millones las víctimas del periodo neoliberal en el que se desató el terror. Víctimas de los gobiernos de Ernesto Zedillo, Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Personajes siniestros a lo que hay que nombrar: si no en la pregunta de la consulta, por lo menos sí aquí. Porque no hay presunción de inocencia posible ante las atrocidades que, por acción u omisión, cometieron estos expresidentes.

Sin duda uno de los casos más dolorosos, y al que habría que remitir urgentemente a quienes dicen que la justicia no se consulta, sino que se aplica, es el de Marisela Escobedo: activista asesinada de un balazo en la cabeza durante el gobierno de César Duarte, en el sexenio de Felipe Calderón.

A esta gente habría que pedirle que vea el juicio en el que absolvieron al feminicida de Rubí Marisol, hija de Marisela. Que escuchen los estremecedores gritos de esta madre ante lo que fue un desenlace inesperado, retrato puro de la impunidad que se vive en México. Porque la justicia no se aplica.

Absolución del feminicida de Rubí Marisol

A ellos habría que contarles que Marisela Escobedo, por la inermidad de las autoridades en Ciudad Juárez, tuvo que emprender sola la búsqueda del feminicida. Y lo encontró. Pero, ¿para qué? Para llevarlo ante la justicia, para que confesara el feminicidio de Rubí Marisol (indicando, incluso, en dónde se hallaban sus restos) y para hacerle justicia, así, a su hija, cuya vida fue arrebatada a los 16 años. Sin embargo, el criminal fue absuelto por unanimidad por el tribunal de Chihuahua: no bastaba su confesión, según argumentaron los jueces.

Este caso muestra uno de los ejemplos más trágicos de impunidad en la historia de México. Y uno ante el cual resulta imposible sostener que la justicia simplemente se aplica. ¡Ojalá fuera así! Claro. Es lo que todos quisiéramos. Pero México es un país con tasas de impunidad de más del 90%: un país donde se puso en práctica un terrorismo de Estado que hizo del aparato judicial parte fundamental de su administración del horror. Un horror, por cierto, no desatado sólo porque sí, sino por ser útil a los intereses del capital trasnacional al permitir la violencia, el despojo y la superexplotación, elementos necesarios para su reproducción ampliada.

No obstante, resulta difícil saber qué se hace con esta acumulación de agravios. ¿Cómo se hace justicia en estos casos? ¿Existe realmente forma de reparar este daño? Los crímenes son tan inenarrables que la justicia se presenta como algo inaccesible. Desapariciones forzadas que han quebrado a familias enteras, masacres que se volvieron parte de la cotidianidad, torturas y violaciones rutinarias, homicidios perpetrados por el crimen organizado, feminicidios desatados por la descomposición del tejido social… Y una impunidad rampante ante todo ello.

Quizá sea cierto que la justicia no debería consultarse. Como ya dijimos aquí, la presunción de inocencia ni siquiera debería aplicar para los expresidentes o para exgobernadores como César Duarte. ¿Cómo puede haber presunción de inocencia cuando todo México es testigo y víctima de sus crímenes…? Es cierto, pues, que esta situación abre muchas preguntas sobre el cómo y el porqué de la justicia, e incluso nos hace preguntarnos si esta es siquiera posible. Y no sólo en México, sino en todos los países de Nuestra América que han pasado por procesos de terror de Estado. No es poca cosa que surjan estas inquietudes, pues la justicia en nuestros países ha sido usurpada y mucho debemos cuidarnos de que no se pervierta aún más.

Es admitiendo lo anterior que, no obstante, defendemos la necesidad y legitimidad de la consulta popular como única vía posible (por el momento) para lograr justicia (o algo que se le asemeje), misma que de otro modo no podría lograrse, tal como nos lo recuerda el trágico caso de Marisela Escobedo. Porque la consulta es un ejemplo de que no importa cuántos obstáculos nos ponga el sistema judicial, o cuán inédita sea la situación: nosotras y nosotros podemos hacer justicia. Podemos organizarnos para hacer pagar por sus crímenes a quienes se creen intocables, en un ejercicio popular por la dignidad y contra el olvido. De hecho, fue lo que hizo la propia Marisela, pero en condiciones mucho más adversas que le costaron la vida y le impidieron acceder a la justicia.

Es por ella, por Rubí y por todas las víctimas del terror de Estado que debemos llevar esta consulta hasta sus últimas consecuencias. Porque se trata, además, de un faro de luz para toda Latinoamérica y para las generaciones futuras. Por eso debemos defenderla como el ejercicio legítimo que es: como ese paso que debemos dar decididamente, toda vez que podría abrir un nuevo periodo de disputa por el Estado y permitirnos ganar nuevas conquistas en el ámbito judicial que serán invaluables para salir por fin de la pesadilla neoliberal.

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