Sentidos contrarios: precarización de los trabajadores por aplicación

Vivir en la ciudad es tratar de sobrevivir en el intento, eso es lo que nos alertan los trabajadores por aplicación. Sin embargo, su problemática es también la de diversos sectores que se enfrentan a la violencia estructural de la ciudad, una violencia objetiva y sistemática que determina gran parte de la dinámica de vida de trabajadores (asalariados, independientes, tercerizados e informales), amas de casa y estudiantes. Por eso el problema de la ciudad es un problema bisagra ―tanto para trabajadores por aplicación como para otros sectores― que nos permite comprender desde una perspectiva crítica pero también creativa, los retos a los que nos enfrentamos para resolver en conjunto un tema tan importante como es el riesgo al que se enfrenta cotidianamente la clase trabajadora, en este caso, el sector de los trabajadores por aplicación.

En México, durante el año 2020, como consecuencia de la pandemia y claro, de los mecanismos neoliberales que merman la economía de los trabajadores y que preceden a esta, el desempleo aumentó en todos los sectores, orillando a 440,047 jóvenes de entre 15 y 29 años y a 339,758 de entre 30 y 75 años a buscar fuentes de ingreso alternativas, que implican aceptar al mismo tiempo, condiciones laborales que no ofrecen ningún tipo de garantía: según Ziccardi (2001), en América Latina la informalidad representa entre 30 y 50% de las actividades económicas urbanas, y de cada 100 empleos creados, 84 corresponden a ese sector (y, si nuestro razonamiento es correcto, al aumentar el desempleo durante el periodo pandémico de mayor auge, aumentó la informalidad, por lo que esta cifra en la actualidad puede ser mayor). Dentro del sector informal se encuentran: cualquier trabajo por cuenta propia (o “microempresario”), asalariados o aprendices, familiar no remunerado en  una unidad de producción o que utiliza el trabajo familiar no siempre remunerado y que tiene horarios flexibles, servicios o comercios con poca inversión de “capital”, cualquier lugar donde se encuentren empleadas más de diez personas poco calificadas totalmente o parcialmente fuera de las reglas administrativas vigentes (Vandershuren, cit. Ziccardi). Bajo estas condiciones el trabajo por aplicaciones es un trabajo informal, y al que es orillado gran parte de la población desocupada a la que no le queda otra opción que aceptar las condiciones de trabajo indignas que ofrecen estos grandes capitales. Es necesario recordar que este “avance” del trabajo informal es además producto de la desindustrialización de las urbes que dejó varada a gran parte de la población, propiciando que el mercado de “servicios” aumente y con ello la mano de obra barata, ya que muchos de estos puestos requieren menor especialización, además es mayormente cubierto por poblaciones con menor acceso a bienes sociales o que son perjudicados en una o varias esferas, como el mismo acceso al trabajo, a la educación, a la cultura, el aislamiento territorial (gran parte de la mano de obra de la Ciudad de México, por ejemplo, proviene de la periferia), la discriminación por género, etnia o lengua, así como la carencia de viviendas y a horizontes políticos emancipatorios. Estas condiciones establecieron el caldo de cultivo para que los grandes capitales de entregas a domicilio o “apps” tuvieran a su disposición todo un ejército de reserva con gran facilidad de ser reclutado, rotado, menoscabado y excluido. Esto se demuestra fácilmente cuando es en los lugares con mayor poder adquisitivo donde las apps tienen mayor demanda, en donde más trabajadores de este sector hay, mientras que, en la periferia, muchas de estas aplicaciones no tienen cobertura y gran parte de la población no tiene acceso a ellas.

En el ámbito económico, muchas de estas empresas escapan a las cargas fiscales, incluso son los mismos trabajadores los que se responsabilizan de este rubro: los trabajadores tienen que financiar sus propias herramientas de trabajo como transporte y mantenimiento, mochila, impermeables y equipo de sanitización, el uso y mantenimiento del software, además se les retiene el ISR de 2 a 3% y hay casos donde les retienen hasta 30%.

En cuanto al uso del espacio público, y aquí hay que hacer un énfasis, este está atravesado en gran medida por el transporte privado de cuatro o más ruedas, lo que dificulta y sobrecarga el flujo de tránsito en las urbes, que están diseñadas para el paso de este tipo de transporte. En algunas ciudades, como la Ciudad de México, se han implementado proyectos de infraestructura que hacen más versátil la posibilidad de transitar, como las ciclovías o los segundos pisos, también se ha diversificado el transporte: además del transporte privado, existe el metro, el metrobús, el trolebús, el RTP, el transporte público colectivo como microbuses, y vagonetas, el tren ligero, el tren suburbano, los taxis y más actualmente el cablebús, que disminuyen la carga vehicular. Sin embargo, esto no resuelve los problemas de movilidad y otros que afectan a los trabajadores por aplicación: el peligro latente de transitar está establecido además por factores de riesgo como calles estrechas, delincuencia, baches y socavones, mala calidad del encarpetado, deterioro de la infraestructura como luminarias y semáforos, contaminación y basura que crean condiciones para que aumente la inseguridad en las calles.

Aunado a lo anterior, se suma la dependencia del sector a este ámbito laboral: la mayor parte de los trabajadores dependen totalmente de los ingresos generados, contrario al discurso que manejan las empresas de que es un trabajo para generar ingresos “extra” o como pasatiempo o diversión. Según el reporte “Trabajo decente para los trabajadores de plataformas en América Latina” de la CEPAL, más del 81% de los trabajadores de apps trabajan 8 horas, mientras que los migrantes trabajan 10; más del 59% son cabeza de familia y más del 58% tienen hijos; 91% no está afiliado a alguna cobertura por riesgos laborales y 37% ha sufrido accidentes de trabajo. Las condiciones laborales de los trabajadores de apps indican su inmersión en los sectores pauperizados de la sociedad en varios aspectos, pero sobre todo en cuanto a privación e impotencia (Gynspan, cit. Ziccardi): “Privación, porque los individuos no disponen de ingresos ni de activos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales más elementales, y ello es producto de la ausencia de educación, destrezas, actitudes, herramientas, oportunidades o activos suficientes para generar ingresos o acumular. Impotencia, porque no poseen ni la organización, ni el acceso al poder político para cambiar la situación por sí solos”, y, en este sentido, aunque las condiciones mencionadas parecen una sentencia, están en vía de cambio.

Una de las esperanzas que tenemos en primer lugar es la organización de los trabajadores de apps, que deben ser acompañados por el conjunto de las luchas sindicales y obreras. Aunque es un gran reto, ya que atraviesa dificultades como la inversión de tiempo, formación de cuadros dirigentes y aglutinación de compañeros ya es un hecho que se está llevando a cabo con la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), que se formó el 9 de noviembre de 2020 y que busca entre otras cosas: mejores ingresos/calidad de vida, revisión de términos y condiciones del contrato laboral, seguridad social, representación legal en caso de eventualidad laboral y defensoría legal contra las apps. Este esfuerzo contrarresta el factor “impotencia” con organización de los trabajadores, al mismo tiempo contrarresta el factor “privación” de manera limitada, al producir las herramientas de su propio cambio, y de manera limitada porque en la lucha es que se consiguen mejores condiciones materiales que aún no están dadas y que contrarrestan la privación.

Pero nada de esto es suficiente. Aunque la lucha contra el capital de las apps es fundamental, hay que apelar a nuevas configuraciones del espacio público, ya que sin este no hay posibilidad de disminuir los riesgos de los trabajadores de las apps de manera real. Las experiencias de este sector evidencian un abanico de riesgos a los que se enfrentan: desde propinas de 20 pesos por entregas de largos lapsos de tiempo y de energía, discriminación, acoso hacía las trabajadoras e inmigrantes por parte de los peatones y clientes, malas calificaciones injustificadas, violencia y riesgo constante en las calles, así como las condiciones climáticas que siempre suponen un riesgo y complicaciones para el trabajador. Es por ello que las políticas sociales deben tener un carácter integral para combatir en todos los frentes los riesgos de ser trabajador por aplicación, ya que independientemente de los arreglos que existan sobre el seguro social con las patronales, el riesgo es la ciudad: un seguro social no impide que ocurra un percance, que un bache o la lluvia provoquen una caída, que un automovilista irresponsable atropelle, que el riesgo sea latente. Es por ello que es necesaria una reestructuración de la ciudad, disminuir el tránsito de vehículos (que a su vez ayuda al medio ambiente), invertir en recuperar la ciudad como un espacio seguro, con luminarias y asfalto, con variabilidad de transporte y con una apropiación del espacio público que sea de todos y todas.

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