Tensiones sociales y disputas electorales; hacia un análisis no coyuntural de la coyuntura en Colombia.

Daniel Felipe Barrera Arias/ contacto: Dfbarrera@ut.edu.co

El pasado 19 de junio las calles de Colombia presenciaron el jolgorio que produjo la victoria de la fórmula presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez, es la primera vez en la historia republicana da Colombia que una fuerza progresista asume los puestos de control al interior del aparato estatal. Lejos de pensar este importante ascenso electoral como una excepcionalidad política, este texto asume la victoria progresista como el resultado de un acumulado histórico de luchas y tensiones sociales presentes tanto al interior de Estado como por fuera del armazón institucional.

Por esta razón, se pretende exceder el análisis exclusivamente electoralista de la coyuntura nacional, de igual forma, se distancia de las lecturas que reducen la victoria de Petro-Francia a un supuesto “error” de la derecha en especial del uribismo por ungir a un presidente mediocre y carente de liderazgo. Desde esa lógica, la incompetencia y el inconformismo social que produjo el presidente Duque es la razón que explica el ascenso de la izquierda en Colombia; la política nacional queda reducida a un conflicto de elites, como si los actores de la sociedad civil fuesen marionetas sin agencia en el tablero político. De esta forma no se podría entender el papel que cumplieron los movimientos sociales y las organizaciones sociales y políticas no-partidistas, tampoco se podría comprender el cambio en la correlación de fuerzas, y las tensiones sociales que cristalizaron en la reciente victoria electoral, pues cualquier análisis político necesariamente estaría ligado a la actuación casi exclusiva de las elites nacionales.

Más allá de los retos, ilusiones y odios encoñados que despierta el gobierno de Gustavo Petro, es necesario explorar las condiciones de posibilidad que hicieron emergencia política y electoral del Pacto Histórico (PH), enfatizando, en el cambio de modelo productivo, los virajes en la correlación de fuerzas y las transformaciones en el bloque social dominante, así como los sectores y clases sociales en pugna.  Sobre el cambio de modelo productivo es Martínez (2015) quien mejor describe y analiza las transformaciones en el régimen de acumulación colombiano, su tesis sostiene la idea de que entre las décadas de 1990-2010 se produce el proceso de implantación del nuevo patrón de acumulación y reproducción de capital en su fase neoliberal, para el profesor colombiano (2015) esta implantación se da por medio de dos bisagras.

 La primera bisagra se ubica entre (1990-2001), en esta década se producen las reformas neoliberales que alcanzan el rango constitucional, durante ese periodo se fecunda, no sólo la  d Asamblea Nacional Constituyente[1] (1991),  también se  empiezan a ejecutar grandes transformaciones que buscan fortalecer los dispositivos de acumulación de capital; es durante este periodo que se producen la reforma laboral  y tributaria, que no hacen otra cosa que recostar la crisis de la tasa de ganancia sobre los sectores populares, reduciendo sus salarios reales y sus condiciones de vida digna. Lo anterior estuvo acompañado por la decidida apuesta en la descentralización que permitió redirigir los compromisos sociales del Estado central a las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones), todo esto como parte de la lógica privatizadora y de adelgazamiento estatal; el Estado se desentiende de sus responsabilidades sociales y el mercado funge como nuevo articulador de la vida social en Colombia.

La segunda bisagra, se sitúa entre los años (2002-2010), es durante este marco temporal cuando la violencia y la guerra contra la insurgencia armada se convierte en el catalizador de implantación del nuevo orden neoliberal.  En un contexto marcado por los fallidos acuerdos de paz con la Guerrilla de las FARC, la ofensiva paramilitar y el auge de la geopolítica antisubversiva promovida por los Estados Unidos después del 2001, el Plan Colombia se erige como la expresión de estas nuevas coordenadas geopolíticas.  La guerra contra la subversión armada  le permite al Estado colombiano el  fortalecimiento del aparato militar y una redirección de la función estatal que procura dos objetivos: por un lado, perseguir, reprimir y criminalizar el movimiento social, por otro lado, con ayuda militar extranjera y paramilitar, repeler y contrarrestar la presencia de la guerrilla en zonas que tiempo después serán de usufructo para el régimen de acumulación neoliberal, por eso estas intervenciones militares son neurálgicas para que el capital se implante en zonas, que por la situación del conflicto armado, no había podido penetrar. Para ponerlos en términos de David Harvey, la nueva configuración del régimen neoliberal en Colombia acudió a la acumulación por desposesión.

En esa dirección, el profesor colombiano (2015) ubica por lo menos tres rasgos novedosos del régimen de acumulación dependiente-neoliberal; i)ese nuevo eje de acumulación ligado al sector externo ya no está representado por el café, sino por la rama minero-energética con todos sus derivados” (pág. 199), ii) gracias al sector minero energético las inversiones extranjeras fueron predominantes al capital nacional, todo lo contrario a lo que sucedía con el café donde el capital nacional era predominante, iii) el nuevo eje de acumulación minero energético favorece  al flujo de excedentes internacionales y a la desarticulación del tímido intento de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).  Así, lo que muestra Martínez (2015) es que Colombia termino asistiendo a un nuevo ciclo de reprimarización de la economía por su sostenido carácter dependiente y a una internacionalización de la economía nacional.

En conclusión, el nuevo régimen de acumulación profundiza su vocación rentista y dependentista, sólo que esta vez encuentra su pilar en el sector minero energético, financiero y especulativo, no es precisamente una casualidad que en esos años se incremente las inversiones directas del extranjero (IDE), mucho menos que el sector minero sea el sector que mayor le aporte al PIB de Colombia gracias a su crecimiento apabullante. En otras palabras, lo que permitió la implantación del neoliberalismo en Colombia fue la sustitución de articulaciones cafeteras e industriales internas por articulaciones mineras y financieras internacionales, en complicidad de la intervención militar (extranjera- paramilitar) y las reformas neoliberales.

La política en la era neoliberal. 

Los cambios en el sector productivo conllevaron grandes trasformaciones en el plano político, no obstante, esta afirmación no debe confundirse con una especie de determinismo economicista, más bien, sugerimos que los cambios en el patrón productivo colombiano implicaron un nuevo clima político, nuevos sectores en pugna, nuevas demandas sociales, así como un cambio en el bloque social dominante en conducción del Estado. Es por esa razón, que este texto asume la tesis de que, para comprender los sectores, las demandas y los antagonismos que hicieron posible la victoria electoral del 2022, es necesario establecer un arco temporal que incluya el cambio en el patrón productivo, las reformas neoliberales, el gobierno Uribe, la movilización en el plebiscito por el acuerdo de paz, el avance electoral de las izquierdas y el paro nacional del 2021.

El gobierno Uribe fue un nodo clave para la articulación del nuevo armazón productivo, pues, Uribe era el candidato de la guerra, con su supuesta su figura de “outsider” logró convencer   a la opinión pública, las elites regionales y nacionales de la posibilidad de darle una salida guerrerista al conflicto armado. De esa forma, logró posicionar y afianzar la lógica del enemigo interno, situando a la guerrilla como el enemigo público de la sociedad colombiana. Además de ello, su vocación antisubversiva promocionada por la geopolítica norteamericana, le permitió una fuerte persecución y represión al movimiento social. Su misión fue dislocar y desarticular el movimiento social, tarea que ejecutó de la siguiente manera; 1) reprimiendo al grueso de los sectores populares movilizados, y 2) adelantando la reforma laboral, pensional y de salud que condujeron a la precarización del empleo, la disminución en la calidad del empleo, y el deterioro en las condiciones de vida digna de los y las trabajadoras, con la única intención de minar la capacidad organizativa del movimiento social. Con la caída de los ingresos reales de la clase trabajadora a causa de las reformas neoliberales, el endeudamiento por la vía crediticia fue el instrumento para mantener el consumo, un instrumento de control financiero propio del nuevo régimen de acumulación neoliberal.

Si bien es cierto que el gobierno Uribe gozó con una alta aprobación en sus dos periodos presidenciales, también es cierto que su gobierno convivió con resistencias y tensiones que aunque no fueron mayoritarias en la sociedad colombiana, expresaban el malestar no sólo respecto al gobierno autoritario, sino además, con el régimen de acumulación en su nueva fase neoliberal, es por esa razón que la minga indígena se edificó como uno de los principales contradictores del gobierno de la seguridad democrática.  En 2004 la minga movilizó más de 60.000 indígenas, que caminaron desde el territorio de convivencia, diálogo y negociación de la María, Piendamó, hasta la ciudad de Cali. El movimiento indígena exigía una salida negociada al conflicto armado, frenar el modelo de acumulación que los estaba despojando de sus territorios ancestrales, atajar el TLC y acabar con la política de seguridad democrática. Aquella manifestación finalizó con el primer congreso indígena y popular realizado en la ciudad de Cali y con la participación de diversos sectores sociales movilizados.

Para el año 2005 se inició, por parte de las comunidades indígenas del Cauca, el proceso de liberación de la madre tierra, que planteó ante el país la vigencia del problema agrario y la urgencia de una reforma agraria. Con este suceso se presentan recuperaciones por parte de las comunidades de las zonas Norte del Cauca, Nororiente, Oriente, Centro, allí varios reasentamientos demostraron su fortaleza y su capacidad resistir ante el desalojo, fraguando la primera derrotar del gobierno Uribe y un germen de articulación del movimiento social. Este hecho toma relevancia si se ubica en el marco de un gobierno autoritario que se ve obligado a reunirse con delgados del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en el palacio presidencial para dialogar.

Lejos de apaciguarse los conflictos entre el movimiento indígena y el gobierno de Uribe se prolongaron hasta el final de su gobierno de forma cada vez más intensa y reiterada. Lo interesante de esa tensión social es que evidencia la forma en que se empezaba a gestar el malestar y la resistencia del movimiento social contra el régimen de acumulación neoliberal, es decir, los primeros que perciben el rostro más amargo del neoliberalismo son las comunidades indígenas y campesinas. Debido a que es en sus territorios donde se inicia los primeros proyectos minero energéticos, sus asentamientos se convierten en enormes fuentes de capital apropiada por las elites transnacionales en asocio con los terratenientes locales. 

Esta afirmación toma mayor consistencia si pensamos en el importante papel que cumplieron los movimientos ambientales en este arco temporal; las consultas mineras y el auge de la agencia ambiental se convierten en un importante catalizador de la lucha contra el neoliberalismo, como régimen depredador de la biodiversidad y los ecosistemas. En Idas Y Venidas Vueltas Y Revueltas (2003), el historiador colombiano, realiza una exhaustiva cartografía del desenvolvimiento de los movimientos sociales, su agenda y el repertorio de movilización durante los años 1985-1990, allí ubica la demanda ambiental, como una demanda transversal a todos los movimientos sociales durante la década de los 90’ y 2000’. No obstante, lo que no nota Archila, es que el movimiento ambiental producto de las tensiones y la usurpación territorial que implicó el neoliberalismo se transformó en un poderoso movimiento social, tan poderoso que fue, por medio de las consultas mineras[2] y la movilización popular capaz de poner un freno a la megaminería; el rostro más productivo y a la vez, más depredador del neoliberalismo.

Lo que tratamos de mostrar es que durante los años 1990-2010, registro temporal que como ya hemos visto coincide con el despliegue de un nuevo patrón de acumulación neoliberal, han sido los movimientos ambientales, indígenas y campesinos los que funcionan como articuladores y catalizadores de la batalla contra el neoliberalismo, precisamente porque es en sus territorios donde el neoliberalismo ha usurpado y saqueado los recursos naturales, acumulando capital a costa del ecocidio. Resaltar la activación política de estos sectores, no quiere decir que otros movimientos sociales no se hayan politizado o re-activado en este periodo, nada más alejado de la realidad, significa más bien que, aunque muchos movimientos (feminista, estudiantil, obrero) florecen en la escena social, fueron los movimientos de carácter ambiental y territorial los que aglutinaron una agenda de cambio frente al establecimiento neoliberal.

Ola progresista y acumulados históricos.

Asumir la victoria progresista del Pacto Histórico como fruto de un acumulado histórico de luchas, avances y legados adquiridos, implica comprender la emergencia electoral del PH al calor de las disputas electoral y sociales que la antecedieron, por tanto, es clave reconocer el importante rol que desempeñaron de las agrupaciones políticas de izquierda y el rol democratizador de los movimientos sociales para el ascenso electoral de la agrupación progresista.

El Polo Democrático Alternativo (PDA), fue la primera gran confluencia de diversas fuerzas de izquierdas en Colombia, conformado tras la fusión del Polo Democrático Independiente (PDI) con el movimiento Alternativa Democrática y otras fuerzas políticas de izquierda minoritarias. El Polo fue el primer intento de articulación de un frente de unidad popular de las izquierdas en Colombia, con la cualidad que esta vez lo hacía desenmarcándose de manera tajante con la lucha armada. Para el año 2006 el Polo presentó al exmagistrado Carlos Gaviria, como candidato a las elecciones presidenciales, a pesar de ser una campaña histórica al obtener más de dos millones de votos, la derrota con Uribe fue abrumadora en primera vuelta. Lo que no empaño la impactante votación obtenida por la izquierda, muy superior a los 680.000 votos que obtuvo el candidato alternativo Luis Garzón en las elecciones del 2002.

En las elecciones del 2010 y 2014 el Polo no logró alcanzar la cifra de votantes que obtuvo durante la campaña del 2006.  Su presencia electoral fue fundamente urbana, no es extraño que fuese una izquierda de voto de opinión; con una composición de clase formada principalmente por estudiantes, intelectuales, capas medias y sectores agrarios afectados por las medidas librecambistas aceleradas por el neoliberalismo, y que para el 2013 van a convocar el Paro Agrario[3]. El Polo, fue para ese momento la opción política que mejor supo interpretar las tensiones con el neoliberalismo, al evidenciar el antagonismo en Colombia entre proteccionismo y libre comercio.

A diferencia del Polo, el Pacto Histórico consiguió una relación mucho más orgánica con los movimientos sociales y las aspiraciones de las capas populares, no sólo por reclutar dirigentes de base para incluirlos en sus listas parlamentarias, o por la composición de su votante de periferia y marginados del “éxito” neoliberal, sino porque logró interpretar las demandas de las comunidades, de los territorios que han sufrido el conflicto armado y el desalojo neoliberal. Una de las importantes victorias del PH fue su capacidad de posicionar la idea de que una agenda de cambio debe ser ante todo una agenda antineoliberal, pero esta vez, que no se agote en la tensión entre proteccionismos y libre cambio, consiguió exceder aquella tensión e imaginar la posibilidad de desarticular el talante productivo del régimen privatizador, anti-empleo y depredador de los recursos naturales.  En otras palabras, fue el acercamiento del PH a los movimientos ambientales y comunitarios lo que le permitieron consolidar y ampliar un programa anti neoliberal, no es casual que la vicepresidenta Francia Márquez provenga de esas mismas luchas ambientales y territoriales.

En ese sentido, la virtud del PH fue la de ir cosechando, agregando y construyendo un programa antineoliberal, con la particularidad de que ya  no se situaba exclusivamente en el antagonismo entre proteccionismo y librecambio, ahora la ubicaba decididamente  el antagonismo fundante del orden social entre la incluidos y excluidos por el sistema neoliberal. El PH fue el sector político que mejor logró recoger las aspiraciones vitales de la sociedad civil colombiana a través del rotulo antineoliberal de su programa, prueba de ello, fue la forma en la que el PH logró capturar el voto campesino por medio de una propuesta mucho más proteccionista y de fortalecimiento de la industria nacional, de igual manera, conquistar el voto juvenil y universitario, que fueron dos grupos poblaciones que vivieron el paro estudiantil del 2011, 2018 y las movilizaciones contra la reforma tributaria del 2019, y del  Paro nacional en 2021. Todos estos procesos de movilización popular comparten la animadversión a las medidas neoliberales; la mercantilización y privatización de los derechos sociales, privilegiando el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica como objetivos centrales de la política económica nacional.

Lo interesante a destacar es que la demanda universal que permitió aglutinar diversos sectores y demandas en un frente progresista fue la agenda antineoliberal, torcerle el cuello al nuevo patrón productivo, a sus reformas privatizadoras, de precarización laboral y de depredación de los recursos naturales fue la clave para conformar un programa común. Esto explica porque el PH ganó con una diferencia abrumadora en la costa norte y pacífica del país, así como en el sur y sur occidente del país, mientras perdió en el centro y oriente del país, sectores del país que se caracteriza por su alta concentración de la tierra en pocas manos.

Una atención especial merece las movilizaciones contra la reforma tributaria del año 2019 y el Paro Nacional. La reforma tributaria que promovió el presidente Iván Duque y su ministro de hacienda Tomas Carrasquilla, sostenía la intensión de sopesar la crisis económica en la espalda de los sectores populares, privilegiar la estabilidad macro económica a costa del hambre generalizada en la sociedad colombiana, gravando la canasta familiar con IVA. Esas movilizaciones que terminaron por tumbar la reformar tributaria fueron una importante raíz de la convulsión política y social que vivió el país durante el Paro Nacional del 2021, pero en esta ocasión ya no había demandas corporativistas, sino una consigna que manifestaba el malestar y el agotamiento del régimen neoliberal, se trata de un cuestionamiento radical al patrón de acumulación neoliberal.

Por esta razón, las movilizaciones confirmaron un nuevo momento constitutivo, esto es, un momento en el que el eje gravitacional sobre el que giraba la agenda nacional cambia por completo, se trataba de un punto de no retorno que expresaba la irrupción de un relato de nación contrario al que sostenían las elites, aquel relato fue el que les permitió cristalizar un imaginario social antineoliberal.

En síntesis, lo que nos parece clave señalar es que, para comprender el ascenso y los retos del Pacto Histórico, es necesario ubicar la manera en qué los cambios en el patrón productivo, han desencadenado, no de forma mecánica pero sí estructuralmente, un nueva  panorama político; la adquisición de agencia política de ciertos movimientos sociales y populares que han padecido con mayor fuerza (pero no exclusiva) al neoliberalismo, las transformaciones en la conformación del bloque social dominante producto de una novedosa vocación productiva, las nuevas tensiones sociales a las que el PH aprendió a diagnosticar para construir y programa de mayorías populares.  Así el éxito de la victoria de las fuerzas progresistas reside en la posibilidad de construir una agenda de transformación antineoliberal alrededor de ese pueblo empobrecido, marginado y excluido, al que a pesar del auge económico que gozó el país, sus condiciones de vida no mejoraron, esas fueron las clase y capas populares que salieron a votar masivamente por Petro-Francia y que seguramente van a movilizarse para apoyar las reformas estructurales del gobierno entrante.

Bibliografía

Archila, M. (2003). Idas Y Venidas Vueltas Y Revueltas . Bogotá: Cinep.

Jiménez, A. C. (2008). Democracia y Neoliberalismo, Divergencias y convergencias en la construcción de la carta política colombiana de 1991. Bogotá: La carreta política.

Martínez, E. A. (2015). El patrón de acumulación en Colombia 1990-2010: características básicas. Anuario en Estudios Políticos Latinoamericanos 2, 191-221.

Notas


[1] Para la profesora Carolina Jiménez (2008), en el núcleo de la Constitución del 91 se encuentra inscripta una tensión ineludible, entre política social y política fiscal. A saber, la carta constitucional se encuentra atravesada por una ambivalencia que explica sus contradicciones, ya que, por un lado, el texto constitucional ofrece varias herramientas para democratizar el régimen, pero al mismo tiempo, profundiza y agudiza las reformas neoliberales que terminan por minar los intentos de democratización del régimen colombiano.

[2] Algunas de las más importantes consultas mineras se realizaron en: Piedras/Tolima, Tauramena/ Casanare (2013), Sucre/ Santander, Jesús María / Santander, Cumaral/Meta, Arbeláez/Cundinamarca, Pijao/Quindío, Cajamarca/Tolima, Cabrera/Cundinamarca, (2017) Fusagasugá/ Cundinamarca (2018).

[3] El Paro nacional agrario en Colombia se desarrolló durante junio del 2013, motivado por los campesinos que paralizaron la producción y con ello el cierre de las principales vías del país. Las causas que motivaron el paro fueron una serie de demandas del sector agrícola por lo elevados los costos de insumos agrícolas, los precios de compra de productos para su exportación que no benefician al sector agrario colombiano, la prohibición por parte del gobierno nacional sobre el uso de semillas nacionales para los cultivos a cambio de la compra de semillas extranjeras especialmente las venidas de Estados Unidos, según lo contemplado en el Tratado de Libre Comercio (TLC).  La respuesta del gobierno fue la de la represión, el saldo fue al menos 8 muertes, más de cuatrocientos heridos, al menos 512 detenidos y múltiples casos de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y desapariciones.

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